Se emitieron órdenes de paralización de actividades para dos negocios y se iniciaron procedimientos de ejecución e investigación. Como parte de la operación, el Servicio de Alimentos del Ministerio de Salud descubrió una fábrica que operaba sin licencia de producción ni licencia comercial, incluyendo el almacenamiento y comercialización de bebidas carbonatadas de origen desconocido y en severas condiciones sanitarias que podrían poner en peligro la salud pública. Se emitieron órdenes de incautación de la mercancía y se convocó al propietario del negocio a una audiencia antes de la destrucción de la mercancía y el cierre del establecimiento. Se localizaron tres residentes ilegales, procedentes de Judea y Samaria, sospechosos de estar empleados y alojados en el lugar. Al finalizar la investigación, se presentaron acusaciones contra el propietario del negocio y contra los tres residentes ilegales.